Acción
Popular contra Mario Calderón Cigarroa
El periodista Juan Monrreal López,
pide aplicación de la Ley al presidente
del Congreso de Durango, Jorge Herrera Delgado,
y Acción Popular contra el alcalde
de Gómez Palacio
*Por primera vez en la historia
de Durango, sucede esto
*Mario Calderón, podría
ir a la cárcel
María Álvarez T.
Junio 25 del 2010
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Durango, Durango.-
Este 22 de junio, el presidente de la Gran
Comisión del Congreso de Durango,
el priista Jorge Herrera Delgado, fue denunciado
en la Oficialía de Partes del Congreso
duranguense y en su propia oficina, así
como también se demandó Acción
Popular en contra del alcalde sustituto
de Gómez Palacio, Mario Calderón
Cigarroa, quien acumula desviaciones millonarias
en la Cuenta Pública municipal, pero
también rompimiento de la ley en
las licitaciones de obras públicas,
así como asignaciones ilegales de
contratos a proveedores.
Las denuncias para que
se apliquen la Ley de los servidores públicos
del estado y los municipios, así
como el Artículo 117 de la Constitución
de Durango, fueron presentadas por el Director
de la Revista Demócrata Norte
de México, el periodista
Juan Monrreal López, una vez que
Jorge Herrera, transgredió el Artículo
8 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, así
como el Artículo 5 de la Constitución
de Durango, referentes al derecho de petición.
En cuanto al alcalde sustituto,
Mario Calderón Cigarroa, existen
suficientes evidencias de conductas ilícitas
en su administración, pruebas que
pueden usarse para que la Acción
Popular, pueda aplicarse, tal como lo estipula
el Artículo 117 de la Constitución
duranguense. La figura constitucional de
Acción Popular, podría llevar
a Calderón Cigarroa a la cárcel.
Como se recordará,
el periodista Juan Monrreal fue levantado
el pasado 15 de septiembre del 2009, por
dos supuestos policías quienes lo
pasearon, y amenazaron tratándolo
de intimidar porque “habla muy mal
del alcalde Mario Calderón”,
una vez que el reportero analizó
la cuenta pública de Gómez
Palacio, en el Canal 2 de Televisión
de Torreón, Coahuila, demostrando
serias irregularidades.
Con desconfianzas ciertas,
el pasado 27 de octubre, Monrreal López,
solicitó la protección del
Congreso del estado, apoyado en el Artículo
45 de la Carta Magna duranguense, encontrando
oídos tapiados del presidente de
la Gran Comisión, Jorge Herrera Delgado,
un diputado al servicio del PRI y parte
del manto de impunidad que cubre a los funcionarios
públicos del actual gobierno encabezado
por Ismael Hernández Deras.
El periodista fue recibido
por el propio Herrera Delgado, una vez que
fue enterado de la denuncia en su contra,
cuando la propia mañana del 22 junio,
se manejó que no se encontraba en
el recinto parlamentario.
Jorge Herrera Delgado,
dijo desconocer la petición presentada
por el reportero el pasado 27 de octubre
del 2009, pese a ser el presidente de la
Gran Comisión del Congreso, comprometiéndose
con el director de Demócrata Norte
de México, en entregarle una respuesta,
el próximo viernes 25 de junio.
A continuación se
presenta la denuncia íntegra en contra
de Mario Calderón Cigarroa, Jorge
Herrera delgado y la Comisión estatal
de los Derechos Humanos de Durango.
Gómez Palacio,
Durango, Junio 22 del 2010
H.LXIV Legislatura del
Congreso del estado de Durango
C. Diputado Jorge Herrera
Delgado
Presidente de la Gran Comisión
del H. Congreso de Durango
Palacio Legislativo
Durango, Durango.
Presente.-
De nueva cuenta, respetuosamente
me dirijo a usted, en su carácter
de presidente de la Gran Comisión
del Congreso de Durango, en la presente
LXIV Legislatura, con el objeto de denunciar
ante este H. poder Constitucional, la violación
de mis Derechos Constitucionales de parte
del diputado de extracción priista,
Jorge Herrera Delgado, quien funge como
presidente de la Gran Comisión de
la LXIV Legislatura, ante quien el pasado
27 de octubre del 2009, presenté
la denuncia por el secuestro del que fui
objeto, cometido por supuestos agentes de
policía que me privaron de la libertad
ilegalmente, el pasado 15 de septiembre
del 2009, en la ciudad de Gómez Palacio,
por “hablar mal del alcalde”
sustituto, Mario Alberto Calderón
Cigarroa; esto, según dijeron los
agentes apócrifos, por ser mi persona
un “encargo del regidor priista Carlos
Sonora Martínez”.
Ante estos hechos, y evidencias
reales que hacen temer por mi seguridad
personal y la de mi familia, decidí
apoyarme en el Artículo 45
de la Carta Magna estatal, que específica,
“Los diputados son defensores de los
derechos sociales de los habitantes que
representan en el Congreso del Estado”,
así que acudí aquel 27 de
octubre del 2009, buscando la protección
de esta H. LXIV Legislatura, encontrando
oídos sordos del presidente de la
Gran Comisión, el diputado, Jorge
Herrera Delgado, mismo que no se tomó
la molestia de responder mi petitoria, tal
como lo obliga la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos
en el Articulo 8 que dice:
Los funcionarios
y empleados públicos respetarán
el ejercicio del derecho de petición,
siempre que ésta se formule por escrito,
de manera pacífica y respetuosa;
pero en materia política sólo
podrán hacer uso de ese derecho los
ciudadanos de la República.
A toda petición
deberá recaer un acuerdo escrito
de la autoridad a quien se haya dirigido,
la cual tiene obligación de hacerlo
conocer en breve término al peticionario.
Por si fuera poco,
la Constitución de Durango asienta
en su Artículo 5 en su segundo párrafo:
“A toda
petición deberá recaer un
acuerdo de autoridad, a quien se haya formulado,
en el que ésta expresará,
motivada y fundadamente, si concede o niega
lo solicitado. La autoridad tiene obligación
de notificar su resolución al peticionario
dentro del término que señalan
las leyes aplicables y que en ningún
caso excederá de 90 días naturales,
contados a partir de la fecha en que se
presentó la solicitud”.
Han transcurrido alrededor
de 240 días, y aun sigo esperando
respuesta de Jorge Herrera Delgado, quien
funge como presidente de la Gran Comisión
del Congreso de Durango en LXIV Legislatura.
Por ello, de nueva cuenta
concurro a esta LXIV Legislatura del estado,
pues a mi entender, el diputado Jorge
Herrera Delgado, no ha actuado conforme
a derecho, haciéndose merecedor
a las sanciones correspondientes
que establece la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado
y de los Municipios, ya que nadie
se encuentra por encima de la Ley, según
reza nuestra Constitución.
Este ciudadano duranguense,
de oficio periodista, creyente de la República,
así como en el espíritu de
Legalidad y de Justicia que debe regir en
el H. Congreso del estado de Durango, se
presentó al recinto parlamentario
esgrimiendo los derechos que posee de acuerdo
a la Constitución de Durango, que
estipula en su Artículo 3; “En
el estado de Durango, toda persona tiene
derecho a la libertad, la seguridad personal”.
Asimismo, en el Artículo
9 que asienta, “Nadie puede ser molestado
en su persona, familia, domicilio, papeles
o posesiones, sino en virtud de mandamiento
escrito de la autoridad competente, que
funde y motive la causa legal del procedimiento”.
Por si fuera poco, y de
acuerdo a las amenazas proferidas por los
supuestos policías, el levantón
obedeció esencialmente a la intención
de callar mi ejercicio periodístico,
pues los aparentes agentes insistieron reiteradamente
que mi levantón obedecía a
“un encargo del regidor Carlos Sonora
Martínez, por hablar mal del alcalde”
de Gómez Palacio, Mario Alberto Calderón
Cigarroa, ya que por esos días, 5,
9 y 12 del mes de septiembre, analicé
en el Canal 2 de Televisión, la cuenta
pública del Municipio de Gómez
Palacio, ejercida por la actual administración.
En la investigación
periodística, demostré serias
irregularidades existentes en el presupuesto
de egresos, del municipio de Gómez
Palacio, Durango, consistentes en desvíos
de recursos públicos por varios millones
de pesos, lo que a mi entender fue el motivo
central de la privación ilegal de
mi libertad, que de acuerdo al Código
Penal de Durango, se tipifica como secuestro.
A mi entender, los derechos
violentados son castigados por varios Artículos
del Código Penal vigente: Artículo
20; fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII;
Artículo 51, fracción IV;
Artículo 61 con relación al
a los Artículos 162, 167, 205, 362,378
y 399.
Como si el marco legal
no bastara, la Constitución
General de los Estados Unidos Mexicanos,
defiende la Libertad de Expresión
en su Artículo 7 que estipula:
Es inviolable
la libertad de escribir y publicar escritos
sobre cualquiera materia. Ninguna ley ni
autoridad puede establecer la previa censura,
ni exigir fianza a los autores o impresores,
ni coartar la libertad de imprenta, que
no tiene más límites que el
respeto a la vida privada, a la moral y
a la paz pública. En ningún
caso podrá secuestrarse la imprenta
como instrumento del delito.
Las leyes orgánicas
dictarán cuantas disposiciones sean
necesarias para evitar que so pretexto de
las denuncias por delito de prensa, sean
encarcelados los expendedores, "papeleros",
operarios y demás empleados del establecimiento
donde haya salido el escrito denunciado,
a menos que se demuestre previamente la
responsabilidad de aquéllos.
Al igual, la Constitución
del estado de Durango, en su Artículo
5, que a la letra expone:
“La manifestación
de las ideas no puede ser objeto de ninguna
inquisición judicial o administrativa”.
Más.
En Durango existe la Ley
de fomento y protección al periodismo
del estado de Durango, pese a toda esta
guarnición legal, la denuncia que
interpuse el pasado 27 de octubre del 2009,
pareciera no existir, contrario al desgarro
de vestiduras del propio presidente de la
Gran Comisión del Congreso de Durango,
Jorge Herrera Delgado, quien en ocasión
de celebrarse el Día de la Libertad
de Expresión el pasado 7 de junio,
externó que, “En
Durango hay libertad de expresión,
ya que es uno de los pilares fundamentales
sobre los cuales se sustenta el Estado democrático,
por ello ratificamos el compromiso de continuar
impulsando la libre manifestación
de las ideas y la garantía del derecho
a la información”.
Luego abundó:
“En
Durango, hay libertad de expresión,
simplemente hay que ejercerla y hacerla
valer, es una garantía enmarcada
en nuestra Constitución”.
Con toda esta retórica,
Jorge Herrera Delgado, fue incapaz de dar
respuesta a este reportero, quien apegado
a la Ley, presentó su denuncia el
ya lejano 27 de octubre del 2009, cuando
solicitó la intervención y
protección del Congreso duranguense.
Ya en otras ocasiones,
un discurso similar se escuchó en
los medios electrónicos e impreso
en medios.
El gobernador de Durango,
Ismael Alfredo Hernández Deras, aun
con el cuerpo insepulto del reportero Bladimir
Antuna, declaró que en la entidad
“existen las garantías suficientes
para que los periodistas ejerzamos nuestra
labor”.
Esta perspectiva de las
autoridades preocupa en demasía;
toda vez que Durango es el estado donde
más periodistas fueron asesinados
durante el año 2009, pero también
el estado donde los comunicadores vieron
saqueados sus domicilios, además
de los atentados a sus personas.
En el año 2009,
el ejercicio informativo, costó la
vida de 4 periodistas en el estado durante
2009.
Por último, quiero
dejar constancia ante esta H. LXIV Legislatura,
el triste papel desempeñado por la
Comisión Estatal de Derechos Humanos
de Durango, que preside Carlos García
Carranza, ante quien el 27 de octubre del
2009, también enderecé mi
queja por el levantón y secuestro
del que fui objeto.
En aquellos días
hice entrega del mismo documento depositado
en la Oficialía de partes del Congreso,
pero nunca recibí respuesta, pese
haber acudido a las oficinas de la Segunda
Visitaduría de esta comisión
con domicilio en Gómez Palacio.
No es intención
de este ciudadano de oficio periodista,
abundar que fue hasta el 11 de Febrero del
presente año, que tuve que responder
a la Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Durango (CEDHD) en largo alegato
de 10 páginas- el que será
entregado como anexo a esta H.LXIV Legislatura
de Durango-, para fundamentar a mi favor
en contra de las falsedades que entregó
por escrito el occiso director de policía
municipal, Roberto Torres Salinas,- por
cierto ejecutado por un comando armado-,
el pasado 23 de noviembre del 2009, fecha
en que por vez primera se conocieron los
supuestos agentes de la policía municipal,
Salvador Alejandro Puentes Saucedo
y Juan Manuel Valles Trejo, que
levantaron y secuestraron a este reportero
el pasado 15 de septiembre.
En mi alegato entregado
a la CEDHD pedí como exigencia, -
siempre de acuerdo a derecho-, que la comisión
citara a declarar al alcalde sustituto Mario
Calderón Cigarroa, quien sin duda,
era y es, el primer interesado en amilanar
a este periodista, una vez que hice y sigo
haciendo del dominio público, los
desvíos millonarios de recursos públicos,
una violación en sí de los
Derechos Humanos de los habitantes del municipio
de Gómez Palacio, Durango,
en la medida que el dinero desviado de los
propósitos etiquetados en la Cuenta
Pública, cancela el desarrollo de
la ciudad, a la vez que suprime las posibilidades
de llevar los servicios básicos a
los ciudadanos en pobreza patrimonial.
Pese a mi petitoria, la
CEDHD se desentendió de acatar la
Ley, y ahora el 11 de junio, pidió
que me careara con los supuestos policías
que me levantaron y secuestraron, a pesar
de que el ejecutado director de policía
había entregado ya, un documento
lleno de contrasentidos y falacias.
A más de 100 días
de que presenté mi respuesta a la
CEDHD, sigo esperando que se cite a declarar
al alcalde sustituto Mario Calderón
Cigarroa; o cuando menos que la mencionada
comisión responda mi solicitud,-a
todas luces apegada a derecho-, el porqué
la llamada primera autoridad de la ciudad
de Gómez Palacio, no ha sido citada.
Por último, quiero
dejar asentado que producto de mi trabajo,
he ido recabando y publicando las suficiente
pruebas documentales y físicas, para
aseverar que el alcalde sustituto de Gómez
Palacio Mario Alberto Calderón
Cigarroa, es punible de acuerdo al Artículo
117 de la Constitución de Durango,
por lo que pido como exigencia se le aplique
el procedimiento de Acción Popular,
recurso constitucional al que tenemos
derecho cualquier ciudadano.
Por ello en derecho
pido y exijo:
1.- Que ante evidente
violación de mis derechos cometida
por el diputado presidente de la Gran Comisión
del Congreso de Durango, Jorge Herrera Delgado,
se le apliquen las sanciones correspondientes,
estipuladas en la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado
y de los Municipios.
2.-Exijo la aplicación
de la Acción Popular, asentada en
el Artículo 117 de la Constitución
de Durango, toda vez que existen las suficientes
evidencias de conductas ilícitas
del alcalde sustituto de Gómez Palacio,
Mario Alberto Calderón Cigarroa,
y sólo espero que se me instruya
que Comisión de esta H. LXIV Legislatura,
para entregar las pruebas de las ilegalidades
de este alcalde.
3.-Se exija a la
CEDHD, se apegue a la Constitución
de la República, a la Constitución
del estado de Durango, a su propia Ley Orgánica,
olvidando los tintes a favor de las autoridades
priistas, por tanto, que Mario Alberto Calderón
Cigarroa, comparezca ante esta comisión.
En espera de su respuesta:
Protesto lo necesario.
Juan Monrreal López
Director de la
Revista Demócrata Norte de México
Email: jmonrreall@yahoo.com
c.c.p Lic. Felipe Calderón Hinojosa
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
c.c.p. Lic. Fernando Gómez-Mont
Urueta
Secretario de Gobernación
c.c.p. Lic. Arturo Chávez Chávez
Procurador General de la República
c.c.p. Lic. Raúl Plascencia Villanueva
Presidente de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos
c.c.p Senadora Rosario Ibarra de la Garza
Presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos de la Cámara de Senadores
en su LXI Legislatura
c.cp. Diputado Rubén Ignacio Moreira
Valdés
Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos del Congreso en su LXI Legislatura
c.c.p. C.P. Ismael Hernández Deras
Gobernador del estado de Durango
c.c.p Lic. Oliverio Reza Cuéllar
Secretario General de Gobierno del Estado
de Durango
c.c.p. Lic. Daniel Garcia Leal
Procurador de Justicia del Estado de Durango
c.c.p. Lic. Apolonio Betancourt Ruiz
Magistrado presidente del Tribunal Superior
de Justicia
c.c.p. Dr. Carlos García Carranza
Presidente de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos de Durango
c.c.p. Diputado Noel Flores Reyes
Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos del Congreso de Durango en su LIV
Legislatura
c.c.p. Diputados del Partido Acción
Nacional
c.c.p Diputados del Partido del Trabajo
c.c.p. Diputados del Partido de la Revolución
Democrática
c.c.p. Diputado del Partido Duranguense
c.c.p. Diputado del Partido Nueva Alianza
c.c.p. A los medios de comunicación
del estado de Durango.
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