2-Enero-2010

Gustavo Leal F.*

En la indagatoria que la SCJN asignó a la comisión designada –agosto de 2009– para atender las diversas competencias en la tragedia de la estancia ABC, en Hermosillo, subrogada por el IMSS, se establece con toda precisión que ésta analizará los alcances y el grado de responsabilidad que existían entre las diversas autoridades encargadas de implementar la política pública de guarderías” (punto uno).

Lo mismo indica su protocolo de investigación –aprobado el 31 de agosto– en el décimo objetivo: “Estudiar los alcances y grados de responsabilidad entre las diversas autoridades encargadas de implementar la política de guarderías, en razón de tratarse de un beneficio en el ejercicio del derecho a la salud y de los derechohabientes”.

La principal responsabilidad reposa en la subrogación de la cuota en el contexto de un deterioro notable en el desempeño de los órganos superiores del IMSS durante los pasados 10 años. Esa degradación posibilitó la tragedia, porque los padres de las víctimas entregaron esa cuota al Estado mexicano: el IMSS, y fue ese Estado, vía el IMSS, el que la subrogó a privados. De la comisión esperamos un juicio objetivo sobre el desempeño de los órganos superiores del instituto.

Adjudicaciones directas. Primero aparece la responsabilidad directa de Santiago Levy, quien, como director del IMSS, propuso en 2003 el modelo y contrato de subrogación (junto con Antonio Scheleske, Araceli de Fernández –esposa del rector del ITAM–, Dora García Kobeh y Evelyn Rodríguez), así como la de su consejo técnico que lo autorizó y la –entonces– Secodam que lo avaló. Tampoco consta que la comisión de vigilancia del instituto, siguiendo el artículo 265 de la Ley del Seguro Social, hiciera alguna observación.

Licitación pública abierta. Inmediatamente aparece la responsabilidad, también directa, de Juan Molinar Horcasitas, quien –como director del IMSS– (junto con Sergio Salazar, Carla Rochín y la arquitecta Nora Patricia Bonilla) renovó en 2007 el contrato, conociendo las anomalías que había detectado desde el 26 de julio de 2005 la PGR (La Jornada, 13.6). Su responsabilidad es, pues, doble: primero renovó y luego siguió licitando. El “sistema” Molinar de asignación de contratos –que sólo aportó la “licitación” (2008) al fracasado diseño original de adjudicación directa de Santiago Levy (2003)– estaba basado en una cuota máxima de referencia por niño –que varía según la región–, a partir de la cual los interesados tenían que ofrecer descuentos al IMSS. De tal suerte que, buscando ganar el concurso, abatían aún más la “calidad” del modelo Levy de subrogación.

Licitación pública abierta con datos de los interesados. Fueron precisas 49 muertes para que, sólo entonces, el IMSS obsequiara apenas ¡una suspensión temporal! Pero Karam pretende seguir licitando el mismo modelo-contrato de subrogación Levy con el “sistema” Molinar Horcasitas “mejorado”: agregando los datos de los interesados con la fundamental ayuda (¿cobrando cuánto?) de Transparencia Mexicana, de Federico Reyes Heroles. ¡Más de lo mismo, pero mucho peor!

Pero la mayor tragedia de la seguridad social mexicana no ameritó que alguno de los tres sectores que forman el consejo técnico o la comisión de vigilancia convocara a una asamblea general.

No sólo los funcionarios del IMSS se encuentran bajo el escrutinio público. También sus órganos superiores que pueden convocar a la autoridad suprema institucional: esa asamblea general. La tragedia de Hermosillo exigía una con carácter de extraordinaria.

La ley señala: “Los órganos superiores del instituto, bajo su estricta responsabilidad, podrán convocar a asamblea general o a sesión extraordinaria únicamente para tratar casos urgentes, de importancia y trascendencia para el instituto.” ¿Acaso Hermosillo no es de “importancia y trascendencia” para éste?

¿Y qué ha comunicado el politólogo Molinar? En su primera reacción señaló que la “responsabilidad está en el lugar donde se inició el incendio”. Luego aseguró que “sí” había declarado ante la PGR sobre el asunto, lo que desmintió de inmediato el ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours: “No hay ninguna declaración”. Después negó tener responsabilidad en la asignación y en el incendio: antes “se otorgaban por asignación directa, método incorrecto”. A cambio, estableció las licitaciones abiertas ampliando la red en 200 contratos: “Mi responsabilidad consistía en continuar el proceso de renovación”. Finalmente reiteró “estar tranquilo porque no tiene responsabilidad alguna” y llamó a “no minimizar” la importancia del sistema de guarderías IMSS (¡!).

Pero, después de que la PGR reveló que lo investiga, curiosamente pocos días antes de la desaparición (nunca cumplida) de la Secretaría de la Función Pública (4 de septiembre), su aún responsable, Salvador Vega Casillas, lo absolvió porque –sostuvo– en “el gobierno existe delegación de funciones y cada quién atiende la parte que le corresponde”.

Mientras tanto, la Sedeso sigue abriendo estancias changarro.

Para evitar más tragedias, para salvaguardar a los infantes en guarderías subrogadas por el IMSS y sobre la base de la intervención del Poder Legislativo que aprobó –en agosto– un punto de acuerdo que establece –entre otros– que la Auditoría Superior de la Federación determine si los contratos de subrogación se ajustan a la legalidad, debe ordenársele a Calderón que detenga de inmediato las licitaciones de Karam y cancele definitivamente la bomba de tiempo que representan sus estancias changarro a cargo de la Sedeso.

Lo que la sociedad espera es una corrección de raíz al modelo de subrogación-contratos Levy –proseguido por Molinar– y no una escuálida cosmética de “protección civil” como la que hoy impone Karam.