18 -Septiembre-2010

Gustavo Leal F.*

En la repudiada reforma Lozano de la Ley Federal del Trabajo se pretende legalizar el outsourcing.

En 2008 el salario base de cotización promedio del IMSS alcanzó 222 pesos diarios, mientras el grueso de los cotizantes, 66.5 por ciento, se ubicaba en el rango de dos a cuatro veces el salario mínimo.

En diciembre de 2009, Daniel Karam declaró que el instituto pretendía evitar la evasión y deslealtad de empresarios que no cumplen con sus obligaciones: “Trabajamos conjuntamente con el SAT para identificar a aquellas que están teniendo un comportamiento desleal con las que sí cumplen cabalmente con sus obligaciones. Una de las prácticas más comunes es reportar al empleado con un sueldo más bajo del que realmente gana”.

Es el caso de la industria de la construcción, que busca (reglamento de agosto de 2008) que los patrones informen sobre las obras en construcción y los trabajadores que intervienen en ellas.

Desde julio de 2008 la STPS, el IMSS y el Inegi pactaron unificar datos laborales para configurar el “clasificador único de ocupaciones”.

Sin embargo, para enero de 2009, fuertes presiones patronales habían conseguido frenar en el Senado las reformas aprobadas por los diputados para regular la subcontratación de trabajadores de abril de 2008. Las modificaciones a la Ley del Seguro Social que obligaban a las empresas a ser “responsables solidarias” hacia los empleados que les prestan servicios por medio de contratistas quedaron congeladas desde el 30 de julio de 2008.

Las comisiones senatoriales se reunieron con el Consejo Coordinador Empresarial, cámaras industriales, representantes de maquiladoras y de trasnacionales que operan en México, donde expresaron “rechazo absoluto” a la minuta proveniente de San Lázaro, que buscaba impedir que con la subcontratación se permitiera mantener al personal con salarios bajos, sin seguridad social ni Infonavit.

Argumentaron que ella “acarrearía complicaciones, restaría competitividad a las firmas y las llevaría a la quiebra”. Amenazaron con interponer amparos. Previamente, la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin) había enviado una carta a los coordinadores de PAN, PRI y PRD donde solicitaba “detener permanentemente” la minuta.

En sentido contrario, autoridades del IMSS demandaron aprobarla en los términos de la iniciativa del diputado cetemista Patricio Flores, “ya que está encaminada a la defensa de los derechos de los trabajadores”, y solicitaban “poner un plazo específico para dictaminarla”.

Los senadores panistas Guillermo Anaya y José Isabel Trejo, pretextaron no poder comprometerse a señalar “fechas fatales, porque luego se complican las negociaciones”. En diciembre de 2008 ambos reconocieron que “el tema se complicó y quedó pendiente hasta febrero de 2009. Los cabilderos de los patrones habían hecho su trabajo materializando el pedido de la Concamin de congelar la minuta.

Después, el Senado recibió una resolución del Parlamento Latinoamericano para detener la precarización laboral y regular los procesos de subcontratación e intermediación laboral. “Ese esquema –añadió– prolifera en el continente y en la mayoría de las naciones ha dado como resultado el deterioro de la seguridad social para el trabajador”.

Según Patricio Flores, para 2009 la evasión de contribuciones fiscales y laborales podría superar los 6 mil millones de pesos. Además de que recurrir a cooperativas sucede cuando –a la quiebra de una empresa– sus activos pasan a manos de los trabajadores, en sustitución de una indemnización. Los trabajadores, al no tener la capacidad para administrar y operar la compañía, otorgan estas funciones a un tercero, quien generalmente en esa operación terminaba por quedarse con la empresa, y como consecuencia los empleados dejan de percibir sus prestaciones, pues se les consideraba accionistas.

Lamentablemente, el gobierno federal es uno de los principales contratantes bajo el esquema de outsourcing.

En abril de 2009 el entonces director de recaudación e incorporación del IMSS reconoció que contaban con 100 mil registros patronales con adeudos por el no pago de sus cuotas obrero-patronales, lo que representaba la octava parte del total.

Finalmente, el 23 de abril de 2009 se votaron las modificaciones a la Ley del Seguro Social para regular a las empresas subcontratadoras de personal y poner candados que eviten la evasión de las obligaciones patronales ante el instituto. El diputado Flores Sandoval reiteró que la legislación no pretendía acabar con las empresas de terciarización, sino una regulación más eficiente. Al dictamen final, el senador panista Guillermo Anaya le amputó la palabra “responsable solidario u obligado solidario”, pues la “corresponsabilidad ya se prevé en la Ley del Seguro Social, así como las sanciones”.

La propuesta inicial contemplaba también que tanto el patrón beneficiario como el empleador directo presentaran información mensual sobre los trabajadores contratados bajo el esquema, mientras el proyecto final estableció que la información fuera presentada por la subcontratadora, de manera trimestral y vía electrónica. Para Flores Sandoval, las modificaciones de Anaya “le quitaban dientes” al IMSS para sancionar a las empresas que incurran en prácticas que precarizan el empleo.

Así, siguiendo a la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, la responsabilidad solidaria de las empresas beneficiadas de los servicios de outsourcing solamente se aplicará en caso de que las prestadoras de servicios incumplan con sus obligaciones de seguridad social. Ellas serán entonces responsables de cubrir el pago de las cuotas obrero-patronales en caso de que la firma prestadora de servicios no lo haga. Además, las firmas reportarán trimestralmente al IMSS el número de trabajadores que laboran bajo la modalidad, en lugar de la notificación mensual que proponía la iniciativa original.