11-Diciembre-2010

GUSTAVO LEAL F.*

En junio de 2010, la STPS del calderonista Javier Lozano reconoció que la tercerización de trabajadores era utilizada indebidamente” para “disfrazar” las relaciones laborales, ocultar salarios reales del personal y evadir o eludir las obligaciones patronales, afectando los derechos “consagrados en la legislación”.
Toda vez que la Ley Federal del Trabajo (LFT) “no prohíbe la tercerización”, ¿qué propone?: sancionar y combatirla a “fondo”. ¿Cómo? Regulando el outsourcing como forma legal de contratación a través de la repudiada reforma panista a la LFT presentada al Congreso el 18 de marzo de 2009, porque “prohibirlo” restaría “competitividad” a “nuestra” economía.

A octubre de 2009 el formato para que las empresas de outsourcing y los empleadores reportaran al IMSS el número de trabajadores contratados aún no estaba listo.

Para Raymundo Urbina, gerente de seguridad social de Adeco, la mayor carga administrativa será para las empresas que no cuenten con un registro patronal. Mientras Eduardo Ayala, director de planeación estratégica y operaciones de Kelly Services, coincidió en que hacer el reporte será complejo por el volumen de clientes que manejan, que son más de 500.

Aunque Sony de México, ADT Private Security Services, Ford Motor Company y Ogilvy & Mather se ampararon, argumentando inconstitucionalidad por las reformas a la Ley del IMSS (julio 2009) que acotan el outsourcing e imponen multas y embargos. Se oponen al cambio que se hizo al artículo 15-A y que las obliga a cumplir –en caso de que su proveedor no lo haga– la falta de prestaciones a sus empleados, aunque no los haya contratado directamente. Las reformas también establecen la obligación de las firmas subcontratistas de informar al IMSS lo referente a todos los contratos que firmen con sus clientes, incluidos los detalles sobre cuántos trabajadores participan en cada proyecto.

“Por querer eliminar el outsourcing malo, que busca evadir el pago de impuestos y prestaciones, se está afectando la subcontratación válida y legal”, dijo Gabriel Pizá, especialista en derecho laboral del despacho Basham, Ringe y Correa, e informó que sólo ellos presentarán alrededor de 230 amparos.

Por el contrario, Thierry Gonet Crabos, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), consideró que sólo las empresas que no cumplen hoy con la ley podrían tener problemas con la modificación al artículo 15-A, por lo que descartó que alguno de sus socios busque la opción. “De las empresas afiliadas a AMECH ninguna se amparó de cotizar al Seguro Social y pagar las aportaciones. No creo que sea un tema negociable, la ley es la ley, y hay que cumplir lo que dice”.

Por su parte, Martha Barroso, directora de Business Unit Support de Manpower, consideró positiva la reforma dado que eliminará a la competencia desleal de outsourcing. “No nos ampararemos”.

Y es que el potencial de la tercerización es enorme. Un estudio de KPMG reveló que, a partir de 2012 el negocio en Latinoamérica (México, Brasil, Chile y Colombia) significará 450 mil millones de dólares: 4 por ciento del mercado mundial, liderado por China, India y Malasia.

Sin embargo, según la AMECH, durante 2009 sólo dos de cada 11 trabajadores obtuvieron base luego de haber sido contratados bajo la tercerización. Y el promedio de duración de los contratos eventuales para los que no se colocaron definitivamente sumó siete meses; 195 mil trabajadores recibieron altas-IMSS vía outsourcing, pero 160 mil regresaron a la calle, mientras sólo 35 mil pasaron a ser de planta.

En el caso de los sectores sociales, servicios, administrativo, construcción, farmacéutica e investigación tecnológica, los trabajadores subcontratados alcanzaron 26 por ciento del total. En la agricultura, silvicultura y pesca, 39 por ciento. En restaurantes y hoteles, 42 por ciento. En gobierno, 37 por ciento.

Las entidades federativas con mayor demanda fueron Distrito Federal, estado de México, Jalisco, Nuevo León y Chihuahua.

Los puestos para los que se requirió más personal fueron: demostradores (3 mil a 4 mil 500 pesos), promotores de ventas (4 mil a 5 mil pesos), atención a clientes (4 mil 500 a 7 mil 500 pesos), operativos (3 mil 500 a 6 mil pesos) y puestos administrativos (7 mil a 12 mil pesos).

Por niveles de edad, 33 por ciento de los contratados estaban entre 21 y 25 años, 26 por ciento 26-30 años y 24 por ciento 31-45 años.

De los menores de 21 años, 10 por ciento lograron obtener empleo, y sólo 8 por ciento de los mayores de 45 años se colocaron.

Según KPMG, para abril de 2010, 84 por ciento de las compañías utilizaron el outsourcing para reducir costos y sólo la minoría buscaron la innovación.

Se dio incluso el caso de un alto ejecutivo despedido por Coca Cola y que la demandó –por fraude genérico o simulación– al valerse del outsourcing para evadir el reparto de utilidades y otras prestaciones que por ley le correspondían.

Para la AMECH las firmas de outsourcing podrían evadir la friolera 2 mil 400 millones de pesos anuales de cuotas obrero-patronales. Y ello sin siquiera considerar que hasta 80 por ciento de los contratos colectivos de trabajo registrados en las juntas federal y locales de Conciliación y Arbitraje son de protección. Ello potencia la evasión de las responsabilidades patronales. Y en mayo “urgía” al gobierno para que acelerara la regulación sobre cooperativas que operan en la ilegalidad dado que, desde julio de 2009, se había iniciado un operativo nacional.

¿Y el combate “a fondo” de Javier Lozano?

* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco